Piden detener a Cristina por traición a la patria en una decisión histórica

En un fallo sin antecedentes históricos, la ex presidenta Cristina Kirchner fue procesada con prisión preventiva por traición a la patria y la Justicia pidió al Senado que le quite sus fueros para meterla presa.

Además, la Justicia detuvo a su ex canciller Héctor Timerman, que permanecerá detenido en su casa debido a su estado de salud; el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini; los ex piqueteros Luis D’Elía y Fernando Esteche, y Jorge Khalil, cercano al gobierno de Irán.

El juez federal Claudio Bonadio fue quien los procesó y detuvo porque entendió que la ex presidenta y sus colaboradores, en secreto, motorizaron la firma de un pacto con Irán para exculparlo por el ataque a la AMIA a cambio de restablecer relaciones comerciales. Los embargó por 50 millones de pesos.

Esta fue la denuncia que había realizado el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir, en 2015, y que recién ahora tuvo un avance.

Además, fueron procesados sin prisión preventiva el ex número dos de la SIDE Juan Martín Mena, la ex procuradora Angelina Abbona, el ex jefe de la SIDE Oscar Parrilli, el diputado Andrés Larroque y el supuesto agente de inteligencia Alan Bogado. Cristina Kirchner, recién asumida como senadora nacional, denunció que se trata de una persecución política y un dislate jurídico.

Sus simpatizantes realizaron ayer una modesta concentración en la Plaza de Mayo para denunciar esta situación.

El peronismo, aun el no kirchnerista, se mostró preocupado por la decisión de Bonadio, que resultó incluso molesta para un sector del Gobierno.

De todos modos, en el Senado no prosperará el pedido de desafuero. Y lo más probable es que durante los años que dure el proceso penda sobre la ex presidenta la posibilidad de quedar detenida.

Esta causa estuvo dormida durante dos años porque el juez federal Daniel Rafecas entendió que no había evidencias de delito en la denuncia de Nisman. La Sala IV de la Cámara de Casación la resucitó luego de que prosperó una causa paralela que inició Luis Czyzewski, padre de una de las víctimas de la voladura de la AMIA.

Bonadio basó su decisión en que los ataques a la AMIA de 1994 y a la embajada de Israel de 1992 fueron dos actos de guerra contra ciudadanos inocentes y que por lo tanto el hecho de ayudar a los iraníes acusados de planificarlos debe ser tomado como una traición a la patria, que es como el Código Penal define el delito que comete quien ayuda al enemigo. Ese delito se castiga con penas que van de los 10 a los 25 años de prisión.

Dijo que Cristina Kirchner y Timerman deben permanecer presos por sus vínculos y su poder, que podrían entorpecer el caso o fugarse, sobre todo cuando faltan analizar 120.000 correos electrónicos de la Procuración del Tesoro y 136.000 de la Cancillería, además de las comunicaciones de 207 líneas vinculadas con los acusados.

Bonadio dijo que el plan criminal que permitió la firma del acuerdo con Irán se inició con negociaciones secretas de Timerman con Irán. Sostuvo que Timerman -dada su nula formación universitaria- no pudo por sí solo haber redactado el texto del acuerdo y sugirió que lo escribieron los iraníes.

El plan dijo que siguió en Siria con una reunión con el canciller iraní y continuó con un cambio de actitud de Cristina Kirchner para con el gobierno de Teherán en sus presentaciones ante la ONU. Dijo que esto permitió firmar el acuerdo que garantizaba la impunidad de los acusados. Dijo que Zannini fue el consultor del texto y Parrilli monitoreó las negociaciones.

 

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